Corral recibe 4.09 de calificación, la más baja de su administración

Además es la tercera institución estatal más desconfiable y la ciudadanía percibe menos rendición de cuentas y cumplimiento de promesas
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En la República Mexicana, cada una de las 32 entidades federativas tienen libertad y soberanía para gobernarse y administrarse por sí mismos. Además, cuentan, al igual que la Federación, con tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El legislativo lo conforma el Congreso del Estado; el judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, y el ejecutivo, el Gobierno del Estado encabezado por la figura de gobernador o gobernadora. 

En Chihuahua, este último tiene ciertas facultades a su cargo, enlistadas en la Constitución Política del estado, como lo son:

Hacer cumplir las leyes federales, promulgar leyes expedidas por el congreso estatal, delegar función notarial, mandar en jefe a la Guardia Nacional en el Estado, mandar en jefe a las fuerzas de seguridad pública del Estado, asegurar fondos públicos y que haya correcta recaudación y distribución de los mismos, representar al estado en todo juicio o controversia, manejar el Registro Civil en el Estado, y designar al Fiscal General del Estado. 

Empeora percepción de juarenses sobre Gobierno Estatal

Desde 2016, el gobernador del Estado de Chihuahua es Javier Corral, quien fungirá como tal hasta 2021. A tres años de su administración, en 2019, la ciudadanía expresó su percepción a través de la Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno.

La tasa de personas en Juárez que creen que el gobierno estatal no toma en cuenta a la ciudadanía creció, en comparación con el año 2018. Ahora, 47.2 por ciento de la población considera que nunca se les toma en cuenta, mientras 29 por ciento dicen que lo hace “poco”.

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El distrito 8 local es el que siente que menos se le toma en cuenta (52.6 por ciento de su población respondió “nada”).

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El Plan Estatal de Desarrollo (PED) del Gobierno del Estado tiene cinco ejes trasversales: opción preferencial por las personas en situación de pobreza, derechos humanos e inclusión social, agenda de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad y reforma del poder, participación ciudadana y democracia efectiva. Los planes de desarrollo son un listado de compromisos que adquiere cada gobierno para ser cumplidos durante toda la administración. 

Los compromisos del Gobierno Estatal se perciben como “nada” cumplidos por más de la mitad de la población juarense (51.8 por ciento), mientras que apenas 2.4 por ciento creen que los ha cumplido “mucho”. 

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La zona donde más población siente que no se cumplieron “nada” las promesas de este orden de gobierno es el distrito 8 local, con 61.8 por ciento de la población con esa respuesta. 

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El gobierno estatal plantea en su PED fomentar “que las y los ciudadanos cuenten con información clara sobre el funcionamiento y resultados de la actuación de cada órgano y dependencia a cargo del gobierno”. Somete al escrutinio público, en teoría, su actuación. Sin embargo, la percepción es otra. De 2018 a 2019, la tasa de personas que piensan que el gobierno de Corral no rinde “nada” de cuentas casi se duplicó, pasando de 37.4 a 61.8 por ciento, y apenas 2 de cada 100 juarenses creen que rinde cuentas “mucho”. 

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La zona que percibe mayor opacidad es de nuevo el distrito 8, con 73.7 de la población que respondió “nada”.

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Corral recibe calificación mínima histórica de su administración

Durante toda la administración, Corral no ha logrado superar la calificación más alta del anterior gobernador, César Duarte (5.7 puntos de 10 posibles en 2015). En 2019, obtuvo la calificación más baja de todo su periodo, con 4.09, ocho décimas menos que en 2018.

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La peor calificación promedio se la llevó en los distritos 3 y 4, con 3.88 puntos. La mayor es de apenas 4.58 y se la dio el distrito 7

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Tercera institución estatal más desconfiable

Esta misma calificación se refleja en el nivel de confianza que le tienen los juarenses. En 2018, el 80.5 por ciento de juarenses sentían “algo” o “mucha” desconfianza, y para 2019, el Gobernador del Estado es la sexta institución más desconfiable, con una tasa de 72.7 por ciento.

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Además, dos instituciones estatales (policía ministerial y estatal) forman parte de los cinco primeros lugares en desconfianza por parte de la población. 

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Los gobiernos estatales cumplen una función básica en cuanto a la contextualización de las políticas públicas que expide el gobierno federal, para que estas no sean centralizadas.

Es decir, no todos los estados tienen las mismas necesidades, y por ello es importante que los gobiernos estatales abarquen cada dependencia de gobierno y sectores económicos y sociales. 

Ahora bien, es necesario que exista cierta armonía en cuanto a los tres órdenes de gobierno. Independientemente de los partidos de los que formen parte las y los dirigentes, quienes necesitan un entorno funcional son las ciudadanas y los ciudadanos. 

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