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100 días sin Transparencia: extiende Ichitaip suspensión por Covid-19

El pleno del organismo de Transparencia del estado aprobó un acuerdo para modificar la fecha de suspensión de plazos para entrega de información pública; periodo termina el 30 de junio
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El Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) aprobó hoy la ampliación del periodo de suspensión de plazos para entrega de información pública al 30 de junio.

Con ello, los organismos públicos como dependencias estatales, municipales, gobiernos estatal y municipal, descentralizadas y organismos autónomos del estado de Chihuahua pueden seguir posponiendo la entrega de información que les es solicitada mediante Infomex, el sistema de solicitudes de información pública.

Con esta prórroga, los entes públicos sujetos a hacer pública su información, pueden no responder a solicitudes de acceso a la información, trámites de recursos de revisión, cumplimiento de medidas de apremio, denuncias por incumplimiento ni procedimientos de responsabilidad hasta terminado el plazo.

En el documento en el que se plasma el acuerdo, no obstante, se asegura que, con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hechas en la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, se reitera el exhorto a los sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, siempre y cuando no existan situaciones de riesgo para el personal de las unidades de transparencia de los entes. 

El acuerdo publicado destaca la excepción de los plazos para la publicación y actualización de la información derivada de las obligaciones de transparencia. Es decir, toda aquella información pública obligatoria que deben publicar los entes debe publicarse en los tiempos que la ley indica. 

‘Suspensión de plazos afecta procesos de contraloría social’: RegidorMX

De acuerdo con Abril Amaya, analista de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez, la suspensión de plazos “afecta los procesos de contraloría social”, retrasa la respuesta a solicitudes y la actualización de las plataformas digitales transparencia de los entes públicos. 

El acuerdo tomado por el Ichitaip, señala Amaya, merma la exigencia de rendición de cuentas en los procedimientos que aún se están realizando. “No hay forma de verificar que se están haciendo conforme a legalidad porque no hay información disponible”, comentó.

Si bien el acuerdo establece una suspensión de plazos, esto “no exime responsabilidad a los sujetos obligados a ser transparentes”, agregó. 

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