Ayer, directivos y trabajadores de medios de comunicación de la ciudad se reunieron en el Foro de la Iniciativa de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial del Estado de Chihuahua para discutir esta normatividad, que se ha discutido desde 2018.
Blanca Gámez, diputada coordinadora de la comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, comentó que dado que el plazo que establece la Ley General de Comunicación Social para armonizar las legislaciones estatales ya venció, es necesario que esta iniciativa avance para ser votada por el congreso local.
Este es el segundo foro que se realiza en el estado sobre el tema, según indicó Alejandro Salas, secretario técnico de la comisión. De las inquietudes más concurridas durante el primer foro están el que a ningún proveedor del estado se le exige etiquetar parte de su ingreso para ningún rubro en específico, que el porcentaje etiquetado para publicidad oficial en la Ley puede ser muy poco al ser trasladado a otros entes públicos, que los requisitos para formar parte del padrón electoral son complicados, y que no se regula la discrecionalidad de la autoridad para dar de alta a algún medio en el padrón.
Leticia Castillo, experiodista y socióloga miembro del panel que introdujo el tema al foro, comentó que “la cuestión de discutir y normar el gasto de recursos públicos en un medio de comunicación es un proceso que en nuestro país no ha sido terso. Más que avances, han abonado las resistencias y las inercias, el abandono de acuerdos e iniciativas”. Además, cuestionó: “¿las redes socio digitales podrán entonces usarse no solo como una ventana para la propaganda, enaltecer el trabajo de funcionarios, sino también para descalificar, agredir o estigmatizar a medios y a periodistas?”.
Posteriormente, el coordinador legal del programa de Derecho a la Información de la asociación Artículo 19, Ricardo Reyes, compartió sus observaciones. “El principio de libertad de expresión, que va de la mano del derecho de la información, en donde los medios de comunicación y los periodistas puedan hacer un libre ejercicio de su derecho”, es uno de los puntos importantes que trata la ley, explicó. Además, ayuda a “reconocer [que] las condiciones en las que los periodistas ejercen su labor no es la más óptima, y la razón la lógica de este 20 por ciento para fortalecer su labor periodística es un marco de protección económico, de capacitación profesional, en la que pueda intentar desarrollarse plenamente”.
La mesa cerró con la participación de Ricardo Neves, oficial de Derechos de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al terminar las intervenciones de los ponentes, las y los asistentes pudieron participar. Dieron inicio los empresarios. Sergio Cabada (canal 44), Daniel Reyes (Radio México), Martín Blanca (Univision), Carolina Frederick (XEJ Canal 50), y Adrian Pereda (Radiorama) señalaron desde que los comunicadores sindicalizados son una carga dado que llegan a los medios sin saber nada, hasta que la ley estaría “sobrerregulando” a los medios tradicionales que ya se ven obligados a cumplir con lo que la ley les señala en materia laboral y de telecomunicaciones. Cabada, hermano del alcalde de Juárez, dijo que la ley puede “desincentivar el interés de los medios en relacionarse con el gobierno” y que los medios “no estamos promoviendo una conducta indebida en el gobernante; es el gobernante en turno”. Por su parte, Frederick acusó que ni siquiera el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad de exigir un código de ética a los medios, por lo que la ley en discusión no debería contemplarlo como requisito. Blanca aseveró que “el problema no está en los empresarios, sino en el gobierno […] porque nadie se ha beneficiado más de las concesiones que ha dado que él mismo. […] Qué pena que aquí se esté dando esto, pero la culpa la tiene el gobierno”.
A continuación, participaron periodistas. Itzel Ramírez, de La Verdad, denunció que las prestaciones y remuneraciones de las empresas noticiosas a sus empleados son menos de las que presumieron durante la discusión los mismos empresarios. También de La Verdad, Rocío Gallegos instó a no olvidar “que uno de los objetivos de esta iniciativa es precisamente salvaguardar y fomentar el ejercicio de la libre manifestación de las ideas y de la libertad de difundir opiniones e información a través de cualquier medios” y no “guardar negocios en los medios” como percibió, dijo, el debate con los empresarios. Propuso que el foro se amplíe a periodistas en activo y ciudadanos porque estos últimos “van a ser los beneficiados de esta ley”.
Puedes tener acceso a la iniciativa a través de este enlace, y si deseas hacer alguna propuesta a la ley, da clic aquí.
