Abraham Monárez, titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Juárez, negó la entrega de información pública referente a los seis contratos del Gobierno Municipal para adquirir luminarias, grúas tipo canastilla, y material eléctrico, todo esto para el “plan B” de Juárez Iluminado.
De acuerdo con la respuesta que dió la coordinación de Transparencia Municipal a la solicitud de folio 101122020, la información, la persona solicitante tendría que pagar un total de 620.72 pesos para poder obtener los documentos que respalden los pagos de los contratos (24 comprobantes de transferencias bancarias) en su versión pública (es decir, censurando los datos personales de personas físicas o morales privadas).
De esos 620.72 pesos, 499.20 corresponden a cobro por escaneo digital de la información y el resto por la generación de las versiones públicas. Es decir, la Unidad de Transparencia pretende también cobrar por digitalizar la información. Aun si la persona solicitante decidiese no pagar el costo por digitalización y acudir a las oficinas físicas de la unidad para consultar los documentos, solo lo podría hacer si solventa el cobro de 121.52 pesos.
No obstante a los intentos reiterados de cobrar a la ciudadanía por información pública (este no es el primer caso), el comisionado titular del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) Rodolfo Leyva Martínez expuso durante la sesión extraordinaria del Ichitaip del 30 de septiembre que “una Unidad de Transparencia o un Sujeto Obligado no puede cobrar por elaborar o por entregar documentación escaneada, máxime si se trata de información de índole pública que se vincula con datos que permanentemente deben estar a disposición al público, como se trata todo lo [inaudible] al uso de los recursos del erario y a las contrataciones. La única manera para cobrar por reproducción de información es cuando implicase la generación de documentos físicos, no para elaborar respuestas informáticas en un archivo electrónico que se transmite y que puede implicar escanear información o que puede implicar incluso elaborar versiones públicas”.
“La versión pública que se realice sobre un archivo informático definitivamente no puede generar costo alguno que se pueda transferir al ciudadano”.
Rodolfo Leyva Martínez, comisionado del Ichitaip, sesión del pleno del 30 de septiembre de 2020.
Es decir, el comisionado precisa que no se requiere de ningún pago ni para la generación de versiones públicas ni para la digitalización de la información. Además, explicó que el mismo Municipio de Juárez, aunque no explícitamente, reconoció que “el cobro no tiene fundamento”, y conminó a que “este tipo de prácticas no se repita, ni por la Unidad de Transparencia del Municipio de Juárez ni por otros sujetos obligados”.
De acuerdo con Abril Amaya, analista de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez, el cobro del Gobierno Municipal es injustificado, excesivo y sin fundamento, pues “la versión pública […] es una obligación a cargo del Municipio”, además de que la información solicitada es pública y “es una obligación de todos los sujetos obligados [entre los cuales está el Municipio de Juárez]. […] Es como estarnos cobrando por cumplir con su obligación”, y de que con ese cobro se condiciona el derecho de acceso a la información, “lo cual es una medida discriminatoria por razones socioeconómicas”.
Amaya aclara que la ley (General, Federal y Estatal de Transparencia) sí justifica cobros, pero por razones muy específicas, como que el acceso a la información solicitada represente un gasto extra para el sujeto obligado (como copias físicas simples o certificadas). Para la analista, este cobro es “una medida inhibitoria, para que las personas no puedan ejercer su derecho de acceso a la información”.
En la solicitud, se pide en versión electrónica y datos abiertos “los documentos que contengan el convenio modificatorio con sus anexos, acta de entrega y recepción, la relación de pagos y finiquitos con los documentos que respalden dicha información (factura, cheques, comprobantes de transferencia[…])” de los contratos de suministro de bienes para mantenimiento y reparación de alumbrado público.
Tras haber retirado el proyecto “Juárez Iluminado” por presión ciudadana, Armando Cabada decidió poner en marcha el “plan B”, que consiste en la instalación y mantenimiento del alumbrado público en distintos puntos de la ciudad, con recursos (económicos y humanos) propios del Municipio. Las empresas ganadoras de las seis licitaciones públicas fueron Eléctrica Milec, Miscelec (dos contratos), Distribuidora Eléctrica e Industrial de Juárez, Hidromecánicos MC y Fluotec. La inversión asciende a 180 millones 653 mil 169.70 pesos, de los cuales la mayoría (casi 99 millones) se los llevó Fluotec, por suministro de luminarias LED.
