Ayer se realizó el tercer foro de Corrupción en Juárez donde se dieron a conocer los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública de 2018 del Municipio de Juárez que el Congreso del Estado desestimó y aprobó sin que se atendieran las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En el evento, convocado por la asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ), se destacó que la ASE realizó 187 observaciones al Gobierno Municipal de juárez, de las cuales quedaron 140 sin resolver previo a la aprobación de la cuenta por el Congreso del Estado. Esas irregularidades sin solventar representan 957 millones de pesos sin aclarar.
Sergio Meza de Anda, director de PEJ, señaló que “no habíamos encontrado una auditoría con el trabajo y el detalle como el que fue realizado por la ASE [en 2019]”. Dentro de las observaciones hechas se encuentra que el Municipio de Juárez realizó remuneraciones indebidas, procedimientos de contratación inconsistentes, falta de evidencia de los trabajos realizados, conflicto de interés en algunas contrataciones, falta de capacidad técnica en prestadores de servicios y diferencias entre los gastos y los contratos.
Algunos de los casos particulares identificados fueron en medios de comunicación, en una contratación para cobro de predial y otra para mantenimiento vehicular. En cuanto a medios, destacó que en todos los contratos de publicidad se omite la exigencia de garantías del contrato, además de que todos se realizaron mediante adjudicaciones directa sin estudios de mercado.
La contratación para cobro de predial fue a la empresa Castro, Villarreal y Asociados, quienes por 17 millones de pesos y un contrato sin justificación realizaron labores que el gobierno municipal tiene capacidad y facultad de hacer. En este caso destacó la falta de partida presupuestal para este rubro, la falta de capacidad del proveedor y la falta de evidencias de trabajo.
Por último, el mantenimiento vehicular que corrió a cargo de José Ituarte Salcido por un contrato con el Municipio por 21 millones de pesos resultó con falta de controles sobre las refacciones, inconsistencias en la licitación y falta de capacidad técnica del proveedor.
La ASE apunta en su auditoría que “el Comité de Adquisiciones, en la adjudicación de esos contratos actuó de manera indebida y con falta de probidad y en este orden de ideas el órgano colegiado,(sic) no aseguró al Ente las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
Luego de terminada esta revisión, la ASE envió el informe técnico a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, el cual dictaminó que la cuenta pública se aprobara sin hacer caso de las observaciones. En el Pleno del Congreso, también se aprobó esta decisión.
De acuerdo con Meza, esto significó que “el trabajo técnico estuvo subordinado, supeditado, manipulado políticamente para aprobar las cuentas”. Acusó que hubo “manejo político a estos responsabilidades, lo que genera impunidad política; donde la ley se negocia y se da a cambio de la cuenta de una ciudad y no sucede nada”.
Posteriormente, Araceli Corral, coordinadora del área jurídica de PEJ, explicó que para la revisión de la cuenta pública de 2019 las cosas podrían ser distintas dado que las facultades de la ASE se extendieron. Ahora, si el congreso local aprueba una cuenta pública sin exigir la atención de las observaciones no significará que la ASE no podrá tomar acciones con base en los hallazgos realizados.
Con las nuevas facultades se podrán presentar denuncias e informes ante las autoridades competentes para realizar las acciones incluso legales pertinentes. Además, la ASE podrá recibir, investigar y substanciar denuncias por faltas administrativas graves, y por actos en ejercicios fiscales anteriores o del año en curso; también impugnar acuerdos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y recurrir resoluciones del tribunal de Justicia Administrativa.
La invitada en esta ocasión al foro fue Ana Terrazas, presidenta del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Durante su ponencia explicó que desde el órgano que representa se intentó repetidamente tener la posibilidad de asistir a las reuniones de la comisión de Fiscalización del congreso para exponer sus observaciones sobre las cuentas públicas de 2018 de varios entes. Comentó que solo una vez tuvieron respuesta del diputado presidente de la comisión, quien les dijo que “es obligación de los ciudadanos presentar denuncias ante las instancias correspondientes”. De acuerdo con Terrazas, esa respuesta no era necesaria, pues “lo que queremos es que ellos hagan su trabajo. […] Se le pasa esta obligación al ciudadano, del trabajo que ellos están haciendo mal”. Terrazas denunció también que no existe un auténtico parlamento abierto en el Congreso del Estado, y señaló que es necesaria una ley de protección al denunciante para fomentar la denuncia ciudadana de actos de corrupción. “Es complicado dejar expuesto al ciudadano”, concluyó.
Por último, Abelamar Chacón, coordinador de Contraloría Social de PEJ, platicó sobre las denuncias hechas por la asociación por las irregularidades encontradas en el informe de la ASE. Pese a tener denuncias en la Contraloría Municipal de Juárez, la Auditoría Superior del Estado y ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, ninguna se ha resuelto hasta el momento.
Chacón comentó que es necesaria más transparencia y vigilancia en las cuentas públicas, aunado al fortalecimiento del SEA a través de presupuesto, facultades y la integración de los municipios al sistema a través de sus órganos internos de control.
Finalizó proponiendo que el análisis y discusión de la Cuenta Pública de 2019 del Municipio de Juárez se realice en este municipio en sesiones públicas y abiertas.
