En la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal de 2020, el Municipio de Juárez aprobó que en el artículo 65 se incluyeran cobros por información pública:
“Por los documentos impresos y/o electrónicos que se utilicen para reproducir la información proporcionada de acuerdo a la [Ley Estatal de Transparencia], las personas […] que los soliciten pagaran de acuerdo a la siguiente tarifa”.
Además, para 2020 Transparencia Municipal iniciaría con una batalla por cobrar la información pública en todas sus modalidades: ahora cobrarían también por “escaneo de documentos para entregarlos de manera digital” y la elaboración de la versión pública de los documentos solicitados. De acuerdo con la Ley Estatal de Transparencia, las versiones públicas y la digitalización de la información son obligación de cada sujeto obligado (dependencia, orden y nivel de gobierno que sea, donde se utilice dinero público para su manejo).
El cobro ilegal, aún en 2019
La Ley de Ingresos para el 2020 fue aprobada por unanimidad por el Cabildo de Juárez el 22 de noviembre de 2019. El 12 de diciembre fue aprobada por el Congreso del Estado. Entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2020.
Todavía en 2019, el equipo del área de Contraloría Social de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ) realizó una serie de solicitudes de información mediante la plataforma de transparencia Infomex, sobre contratos de adquisiciones del Gobierno Municipal de Juárez. Se pidió en formatos digitales, que ha sido el modo de entrega por el que la organización ha solicitado información desde hace más de una década.
La respuesta de Transparencia Municipal, a cargo de Abraham Monárez señalaba que:
- No se podía entregar la información porque su tamaño sobrepasaba el de las plataformas donde se pretendía entregar
- Ya que no se pudo enviar digitalmente, la persona solicitante podía ir a las oficinas de Transparencia Municipal a consultar los documentos.
- Si quien solicita requiere que se digitalice la información, se cobrará a partir de la hoja 21.
Las inconformidades iniciaron en este punto. Las solicitudes de información fueron enviadas, las primeras, el 25 de noviembre de 2019, tres días después de aprobada en Cabildo la Ley de Ingresos, y 36 días antes de la entrada en vigor de la misma. Tres fueron respondidas aún en 2019.
El problema no fueron solo los cobros a destiempo de esas tres. El equipo de PEJ decidió interponer un recurso de revisión por cada una de las ocho solicitudes de información que tuvieron por respuesta oficial lo anteriormente mencionado. En total, el Gobierno Municipal negó entregar 53 contratos a través de esta respuesta.
De acuerdo con el recurso de revisión interpuesto por la asociación civil ante el ICHITAIP, El Gobierno Municipal se encontraba en violación de la ley debido a que:
- Negó el envío de la documentación bajo el argumento de sobredimensión de la información digitalizada, aunque nunca mencionó la extensión de los documentos.
- No ofreció otras modalidades de entrega.
- Buscaba hacer cobros por digitalización que no cumplían criterios de la Ley de Transparencia ni estaban estipulados en la Ley de Ingresos de 2019.
- No cumplía con sus obligaciones de transparencia y de transparencia proactiva puesto que la información solicitada es, de entrada, una que el Gobierno Municipal debe tener a la vista de todas las personas sin necesidad de solicitarla.
- Discriminaba por razón socioeconómica al condicionar la entrega de información a un costo monetario.
Tras la admisión de los ocho recursos, y su estudio, el Ichitaip ordenó al Gobierno Municipal modificar su respuesta. Sin embargo, en las primeras seis resoluciones no se consideró el alegato de cobro injustificado, sino hasta la séptima, donde el Ichitaip resolvió que “solo se debe contemplar el cobro por el costo: de los materiales utilizados, del envío, la certificación de documentos, cuando proceda y los demás derechos correspondientes, en los términos de la Ley o normatividad respectiva y no la digitalización de la misma”.
Como consecuencia, la dependencia a cargo de Monárez aceptó enviar la información de 23 contratos completa sin cobrar los 2 mil 35.32 pesos que buscaba en un principio.
2020, victorias ciudadanas ante opacidad sistemática
Una vez considerado en la ley de ingresos el cobro ilegal por información pública, hubo nueve solicitudes más, cuya respuesta del Gobierno de Juárez fue la de solicitar el pago para obtener la información en su versión pública y digital. En total, 62 contratos fueron negados por la autoridad utilizando este mecanismo. Todas las solicitudes fueron denunciadas por Plan Estratégico de Juárez ante el Ichitaip.
Todas, sin excepción, recibieron la misma observación del órgano garante: la digitalización y generación de la versión público de cualquier documento debe correr con cargo al Gobierno Municipal de Juárez. Tres resoluciones ordenaban la modificación de la respuesta original; cuatro revocaron la respuesta en su totalidad y se ordenó una nueva en la que la documentación fuera y una incluyó llamada de atención a la Unidad de Transparencia (a cargo de Monárez); las dos restantes, fueron canceladas dado que el Gobierno de Juárez decidió entregar la información previo a que el Instituto de Transparencia les sancionara.
15 de los 17 recursos tuvieron resolución. Los dos restantes se resolvieron por una admisión implícita de responsabilidad del Gobierno de Juárez. 9 de las 15 resoluciones dieron la razón a la ciudadanía en cuanto a gratuidad de la información.
En palabras del comisionado titular del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) Rodolfo Leyva Martínez durante la sesión extraordinaria del Ichitaip del 30 de septiembre: “una Unidad de Transparencia o un Sujeto Obligado no puede cobrar por elaborar o por entregar documentación escaneada, máxime si se trata de información de índole pública que se vincula con datos que permanentemente deben estar a disposición al público, como se trata todo lo [inaudible] al uso de los recursos del erario y a las contrataciones. La única manera para cobrar por reproducción de información es cuando implicase la generación de documentos físicos, no para elaborar respuestas informáticas en un archivo electrónico que se transmite y que puede implicar escanear información o que puede implicar incluso elaborar versiones públicas”. Además “la versión pública que se realice sobre un archivo informático definitivamente no puede generar costo alguno que se pueda transferir al ciudadano”.
Meses después, a inicios de octubre de 2020, Monárez negó una vez más la entrega de información. Ahora la referente a seis contratos del Gobierno de Juárez para adquirir luminarias, grúas y material eléctrico para el llamado “plan B” de Juárez Iluminado.
La consistencia de las decisiones favorables a la ciudadanía del Ichitaip y sus llamadas de atención para evitar este tipo de respuestas parecen no tener efecto alguno en los intentos del Gobierno de Juárez por ocultar o retrasar la información que por derecho debe ser del conocimiento público.
