Ayer, en el cuarto Foro de Corrupción en Juárez, Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez (PEJ) expuso que el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) tuvo que intervenir en promedio cada ocho días para “garantizar la transparencia”, dada la renuencia del Gobierno Municipal a entregar información pública a la ciudadanía.
Chacón explicó que de octubre de 2018 a octubre de 2020, PEJ interpuso 92 recursos de revisión a respuestas que dio la Unidad de Transparencia del Municipio, a cargo de Abraham Monárez, pues no resultaban satisfactorias. El 77% de esos recursos fueron por la negativa a transparentar contratos tanto de obras como de adquisiciones, destacó.
Hasta el momento, 67 de esos recursos ya fueron atendidos por el Ichitaip, y en 66 de esos casos, el resultado fue la entrega de la información que se negó en un inicio. La mayoría de los recursos (59) son por información no entregada sobre contratos de obras públicas. Los 25 recursos restantes siguen siendo analizados por el órgano garante.
Durante la ponencia, se comentó que PEJ ha realizado, en ese mismo periodo, mil 569 solicitudes de información: 953 referentes a obras, adquisiciones y contratos, y 616 sobre el Ayuntamiento, presupuesto y otros asuntos.
Las respuestas por parte del Municipio han sido mayormente satisfactorias en ambos rubros. Sin embargo, existe “más del doble de respuestas no satisfactorias” en lo relacionado a obras públicas, lo que significa que hay “una mayor obstrucción”, de acuerdo con Chacón.
También destacó que en cuanto a Cabildo, siguen existiendo asuntos “especiales y urgentes” sin justificación. Esta práctica “impide el conocimiento de la información, del asunto que se discute” e “impide la participación ciudadana”. Señaló que todas las comisiones edilicias incumplen con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana, pues ninguna publica documentos con información de los asuntos que se tratan en sus reuniones.
Por otra parte, Abril Amaya, analista de Contraloría Social de PEJ, compartió que tras la insistencia del Municipio por cobrar por información pública, la asociación realizó denuncias ante órganos como el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). La interpuesta ante el SEA fue luego de que el Ichitaip se abstuvo de emitir una opinión técnica sobre los cobros por información pública con el argumento de que el órgano no tiene facultades para intervenir. La Comisión Ejecutiva del SEA precisó que el Instituto sí cuenta con facultades, por lo que en mayo de 2020 este realizó un análisis y lo envió a Municipio.
La queja ante la CEDH fue contra los cobros “excesivos, sin justificación, carentes de fundamento e incluso discriminatorios”, aseguró Amaya.
En respuesta, el Municipio generó un informe, aunque no se manifestó en cuanto a la falta de justificación de dichos cobros.
Sergio Meza de Anda, director de PEJ, agregó que dada la insistencia del Gobierno Municipal en realizar los cobros y con ello negarse a transparentar información pública, “nos da elementos para pensar que hay un engranaje funcionando para que se maneje con discrecionalidad, no apegado a la normatividad”. “La falta de transparencia es un elemento importante en la corrupción. El que nada debe nada teme”, dijo.
El próximo jueves 22 de octubre se llevará a cabo el último foro del ciclo de Corrupción en Juárez, de PEJ. Para más información visite planjuarez.org.
