El viernes, regidoras y regidores de las comisiones de Hacienda y Gobernación aprobaron en sesión los Lineamientos Relativos al Ejercicio del Presupuesto Participativo del Municipio de Juárez.
Con esta normatividad, se busca regular la operación de dicho mecanismo de participación ciudadana incluido en la Ley de Participación Ciudadana (LPC) del Estado de Chihuahua. La propuesta, aprobada por mayoría de votos, incluye, entre otros puntos, que la ciudadanía interesada en presentar un proyecto que pueda desarrollarse con el Presupuesto, deben satisfacer una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra “presentar su propuesta respaldada con un mínimo de 50 ciudadanos quienes manifestarán su conformidad a través de la firma correspondiente”.
Una de las propuestas más polémicas entre las personas participantes, fue la integración del órgano deliberativo, que está compuesto en su mayoría por representantes de dependencias municipales, sin ninguna representación ciudadana. El órgano se encargaría de “calificar” las propuestas ciudadanas antes de iniciar el proceso de votación ciudadana, según explicó el coordinador de Atención Ciudadana, José Luis Leyva González.
Al respecto, la directora de la Asamblea de Organizaciones, Marisa Colmenero, expresó su rechazo pues el Presupuesto Participativo es un instrumento de participación ciudadana, por lo que es imperante la presencia de la ciudadanía. “Es importante que haya un contrapeso ciudadano, es necesaria la vigilancia ciudadana”, reafirmó.
Asimismo, el coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez, Abelamar Chacón, señaló que el listado de direcciones municipales que integran dicho órgano “son empleados del Presidente Municipal”. La solución de las y los ediles fue añadir a la lista representantes de dos de las principales universidades en la ciudad. La ciudadanía podría participar únicamente mediante la votación de los proyectos elegidos.
Además se discutió sobre los plazos cortos que tendría la ciudadanía para emitir sus propuestas. La regidora Amparo Beltrán Ceballos solicitó modificar uno de ellos, el de recepción de proyectos, de 10 días naturales a hábiles.
También se habló de una distribución del Presupuesto Participativo, de 50 por ciento a dividirse entre cuadrantes de la ciudad que serán determinados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), y el otro 50 por ciento para zonas con mayor con rezago social e incidencia delictiva, que de igual forma determinará el IMIP.
En otro punto, se estableció una designación de presupuesto equitativa al cinco por ciento del Presupuesto Participativo para cubrir los gastos relacionados con determinación de viabilidad de los proyectos que atiendan la convocatoria.
En la discusión también se determinó que la Sindicatura será observadora del proceso de votación ciudadana y que se deberá invitar el Instituto Estatal Electoral (IEE) como segundo observador. Con ello, se deja fuera a la ciudadanía como ente vigilante, en contraposición al Reglamento de la LPC, según señaló Chacón.
Anterior a la propuesta aprobada, Sociedad Civil Organizada había presentado ya una iniciativa ciudadana para regular el mecanismo de participación. La Sindicatura Municipal presentó también una propuesta en la sesión de Cabildo número 90.
Con información de Favia Lucero/YoCiudadano.
