Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las ciudades necesitan cosas para poder funcionar: calles, infraestructura, servicios de transporte y recolección, etc. A pesar de que existe la creencia de que los Gobiernos son quienes generan estas cosas, lo cierto es que estos administran los recursos; producir o construir directamente sería muchísimo más caro, por lo que se prefiere contratar a empresas especializadas para que estas realicen la tarea, construcción o servicio que se necesite. Ahí es cuando se realizan las licitaciones públicas.
Las licitaciones públicas requieren una atención especial en términos de transparencia para garantizar la equidad, la eficiencia y la confianza. La transparencia en las licitaciones públicas es esencial, pues contribuye al fortalecimiento de las instituciones y al bienestar de la sociedad.
“Un proceso de licitación implica una competencia. Para este caso es buscar que las empresas ofrezcan los bienes, servicios o las obras que se ofrecen en la ciudad. A mayor competencia, mejores oportunidades de tener mayor calidad”, explicó Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez.
¿Cómo funcionan las licitaciones públicas?
Las licitaciones públicas generalmente siguen una serie de pasos para adquirir bienes, servicios o realizar obras para entidades gubernamentales.
En el caso de Juárez, hay dos tipos de contrataciones: las de bienes y servicios (que se hacen a través del Comité de Adquisiciones) y las obras (que dependen del Comité de Obra Pública). Cuando se identifica que hay una necesidad, estos comités realizan una convocatoria para que las empresas que puedan ofrecer el bien, servicio o la obra que necesitan puedan competir por el contrato. Por lo general, la entidad licitante elegirá aquella propuesta que tenga la mejor calidad al menor precio.
¿Qué pasaría si no hubiera licitaciones?
Para Chacón, la existencia de las licitaciones públicas es, de entrada, una forma de reducir los riesgos de corrupción dentro de las Administraciones.
“Si no hay competencia, si no hay licitación, la otra vía son las adjudicaciones directas. El riesgo con las adjudicaciones directas es que se otorgan esos contratos a discreción de la autoridad, y eso implica un gran riesgo de corrupción”, advirtió.
Si bien es cierto que la misma ley faculta a los Gobiernos a poder hacer adjudicaciones directas, estas tienen una razón de ser. Bien utilizadas, estas solo se utilizarían cuando no hay empresas suficientes para poder generar un proceso de licitación o que, de la misma forma, que por lo especializado del producto, servicio u obra solo pueda contratarse con un proveedor.
“Cuando los contratos se otorgan por la vía de la adjudicación directa, existe el riesgo de que se otorguen a amigos, familiares o personas que tienen algún interés o relación con los funcionarios, y eso representa un alto riesgo de corrupción. Meterlos a procesos de competencia, a licitaciones públicas, reduce automáticamente el riesgo de corrupción. No lo elimina, pero sí lo reduce”, dijo.
La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua contempla las contralorías sociales para que analicen los riesgos de corrupción en los Gobiernos. Plan Estratégico de Juárez tiene su propia área para eso, puedes aprender un poco más al respecto dando clic aquí.
