Ciudad Juárez, Chihuahua.– El 31 de octubre, ciudadanos presentaron tres juicios de protección de derechos político-electorales en respuesta a la reciente reforma al artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, que incrementó los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo estatal.
La primera impugnación se interpuso a través de la Defensoría Pública del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) por Sergio Ramón Meza de Anda, director general de Plan Estratégico de Juárez, y está dirigida a garantizar sus derechos de participación política. Los otros dos recursos los promovieron Abelamar Chacón Rodríguez y Pamela Pérez en representación de un grupo de ciudadanos que cuestionan la resolución del IEE de declarar improcedente la solicitud de referéndum contra la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Pérez y Chacón también recurrieron a la Defensoría del IEE, y Chacón tramitó un tercer juicio de manera independiente.
¿Cuáles son los argumentos contra la reforma a la revocación de mandato?
En sus argumentos, los promoventes destacan que la reforma es regresiva, pues eleva los requisitos para activar el mecanismo de revocación de mandato, exigiendo el 10 por ciento de firmas de la lista nominal de electores y su distribución en más de la mitad de los municipios del estado. Según los promoventes, estos requisitos violan el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos y el principio propersona, ya que obstaculizan la participación ciudadana al imponer barreras significativas para ejercer un derecho fundamental.
La reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 31 de agosto de 2024, es cuestionada por reducir el acceso efectivo a los mecanismos de participación democrática en el estado. Los promoventes argumentan que, en lugar de facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la reforma local añade obstáculos y desvirtúa el espíritu de la reforma federal en materia de participación ciudadana.
Además, Abelamar Chacón, en su papel de representante común en uno de los juicios, solicitó al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua la adopción de medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos de la resolución del IEE, permitiendo que el proceso de referéndum continúe mientras se resuelve el fondo del asunto. Los promoventes también señalan que el IEE falló en llevar a cabo un análisis de fondo y optó por una interpretación formalista de la ley, restringiendo así el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que afectan directamente el sistema democrático del estado.
Este caso subraya el creciente debate en Chihuahua sobre la participación ciudadana y la transparencia en los mecanismos de democracia directa, como el referéndum y la revocación de mandato, y su alineación con el derecho constitucional a la participación política.
