Ciudad Juárez, Chihuahua.– Las decisiones sobre el patrimonio municipal son un factor central para entender cómo se transforma el territorio. Aunque las enajenaciones de terrenos son un mecanismo que se permite, los datos del Informe de Desarrollo Urbano muestran una tendencia que plantea preguntas sobre la orientación de estas decisiones.
De acuerdo con el informe, entre septiembre de 2021 y agosto de 2025 el Cabildo aprobó 723 enajenaciones de suelo, equivalentes a 26.2 hectáreas desincorporadas del dominio público. La mayoría de las enajenaciones –82 por ciento– corresponde al programa de regularización, que otorga certeza jurídica a personas que ya habitaban predios sin título de propiedad; sin embargo, el total de casos solo abarca 12.4 hectáreas, poco menos de la mitad.
De acuerdo con Denisse Ortega, analista del área de Estudios e Investigación de Plan Estratégico de Juárez, la disparidad entre el porcentaje de casos y el terreno destinado tiene que ver con que son superficies relativamente pequeñas, explicó durante la presentación del informe, el pasado 28 de octubre.
Enajenaciones sin una estrategia clara
El punto más relevante del análisis aparece al observar el destino del suelo desincorporado. Del total de la superficie enajenada, 10.77 hectáreas se destinaron a proyectos con fines comerciales, mientras que solo 1.86 hectáreas se orientaron a usos habitacionales. Es decir, por cada hectárea destinada a vivienda, casi seis se asignaron a actividades económicas privadas.
Esta proporción evidencia un cambio en la función del patrimonio municipal, que debería operar como reserva estratégica para la construcción de equipamientos públicos, vivienda social o espacios comunitarios. La creciente orientación comercial podría reducir la capacidad del Municipio para responder a las necesidades urbanas de largo plazo.
El informe también señala que muchas de estas decisiones parecen tomarse caso por caso, sin una política clara que determine criterios de oportunidad, impacto urbano o beneficio colectivo. Esta práctica fragmenta la planeación territorial y dificulta evaluar si las desincorporaciones contribuyen efectivamente a un modelo urbano equilibrado.
Si bien las enajenaciones no son, por sí mismas, un problema, su uso creciente con fines comerciales abre el debate sobre la necesidad de establecer mayores controles, criterios de evaluación y mecanismos de transparencia.
Puedes consultar la presentación del Informe de Desarrollo Urbano 2025 a través de este enlace.
