La participación activa de la sociedad y la vigilancia ciudadana constituyen los pilares fundamentales para garantizar una administración pública íntegra, transparente y genuinamente comprometida con el bienestar común.
Cuando la ciudadanía se organiza, observa y exige cuentas, se debilita la opacidad y se fortalece el Estado de Derecho en beneficio de nuestras comunidades. Ejemplo de ello es la reciente resolución emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), mediante la cual se inhabilitó por un periodo de un año a cuatro exregidores de la administración municipal de Juárez (2018-2021): Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres, José Guadalupe Ávila Cuc y Enrique Torres Valadez, quienes integraron la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.
El tribunal acreditó la comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos, debido a que dichos exfuncionarios autorizaron Transferencias de Potencial Urbano (TPU) de forma irregular y sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Las TPU son un instrumento de gestión urbana que permite a los desarrolladores en ciertos casos, como en zonas consolidadas, cumplir mediante la rehabilitación de áreas verdes o la aportación de equipamiento en otras zonas de la ciudad con la obligación de ceder de forma gratuita (un promedio del 6% del terreno construido) al Municipio una superficie de terreno.
La omisión de los exregidores, que autorizaron estas Transferencias ilegales, provocó que el Municipio dejara de recibir las áreas de donación que por ley le correspondían, generando un perjuicio directo en el equipamiento urbano y las áreas verdes de los sectores habitacionales.
El proceso legal tuvo su origen en una denuncia interpuesta en abril de 2021 por la organización Plan Estratégico de Juárez ante la Contraloría Municipal. Fue el escrutinio de la ciudadanía y la sociedad civil organizada que detectó el uso discrecional e irregular de estos instrumentos de gestión urbana, demostrando que la contraloría social es una herramienta poderosa contra las malas prácticas gubernamentales.
Más allá de las sanciones punitivas a los involucrados, la persistencia de la vigilancia ciudadana ha logrado sentar un precedente de cambio estructural permanente. Gracias a un juicio de amparo definitivo obtenido en marzo por Plan Estratégico de Juárez, el Municipio de Juárez se ha visto obligado a modificar su Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para que las decisiones sobre las Transferencias de Potencial Urbano ya no se tomen de forma discrecional en una comisión, sino que deberán someterse obligatoriamente a la aprobación de todo el Cabildo, garantizando con ello un proceso público, abierto y democrático.
Este caso reafirma que el quehacer gubernamental pertenece a los ciudadanos y debe estar siempre bajo su rigurosa mirada. La vigilancia social no solo corrige las desviaciones del pasado, sino que previene la corrupción futura y asegura que los recursos públicos se destinen estrictamente al desarrollo equitativo de nuestras ciudades.
