Ciudad Juárez, Chihuahua.– El 5 de septiembre, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y activistas presentamos una solicitud de referéndum para derogar la reforma a la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, que modificó el artículo 54 y elevó al doble las firmas para solicitar el mecanismo de revocación de mandato contra la persona titular del Gobierno Estatal. Además se exige que estas provengan de la mitad más uno de los municipios; es decir, al menos 35.
El IEE resolvió en contra de la procedencia del referéndum. Nos negó la posibilidad de defender nuestra Ley de Participación, argumentando que la reforma deriva de una armonización Constitucional federal, lo que impide que se someta a referéndum. Sin embargo, hay una serie de puntos que no se están considerando:
En primer lugar, esta supuesta armonización constituye un grave retroceso a nuestro derecho de participación y de exigencia de rendición de cuentas a nuestros representantes en el Gobierno.
Esta reforma atenta contra el principio de progresividad y no regresividad, establecido en el artículo primero de la misma Constitución y en diversos tratados internacionales. Esto nos garantiza que los derechos ya reconocidos no pueden reducirse ni limitarse. Esta reforma a la ley de Participación promovida y consolidada por diputados y diputadas de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Congreso fue un atentado a la democracia.
Chihuahua ya contaba desde 2018 con un marco legal más favorable para los procesos de revocación de mandato, en comparación con la disposición federal que llegó un año después.
Queremos que se someta a referéndum esta reforma regresiva, y que las y los chihuahuenses decidamos si queremos o no que se incrementen los requisitos para la revocación de mandato de sus gobernantes. Chihuahua no necesita obstáculos adicionales; necesita más participación, más voz y más poder ciudadano.
