Ciudad Juárez, Chihuahua.– El presupuesto participativo en teoría es una herramienta orientada a fortalecer el desarrollo comunitario. Por lo tanto, se supone que las y los habitantes de una ciudad optimicen su entorno; sin embargo, en la práctica se utiliza más como una forma de atender necesidades básicas de la población, algo que en sí ya es una responsabilidad del Municipio.
Por ejemplo, las escuelas públicas, en lugar de recibir atención directa del Estado, muchas se ven obligadas a participar en un mecanismo de votación ciudadana para acceder a lo mínimo. Este 2025, en el marco de la votación del presupuesto participativo, 359 de los 864 proyectos (poco más del 40 por ciento del total) eran rehabilitar sanitarios, construir domos, bardas o aulas. Son escuelas que, para mejorar sus condiciones, deben hacer campaña, promover su causa, movilizar votantes y esperar ganar.
¿Desde cuándo los derechos básicos en educación se consiguen compitiendo en una urna?
Presupuesto participativo: competir por lo que debería garantizarse
Según el artículo tercero constitucional, el Estado Mexicano debe garantizar una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Y eso incluye las condiciones físicas mínimas: seguridad estructural, higiene, acceso a servicios básicos y equipamiento pedagógico. No es un regalo. No es un premio. Es una obligación del Estado.
“Municipio está sometiendo a un concurso de popularidad el acceso a derechos que la Constitución te garantiza”, explica Abelamar Chacón, del área de Contraloría Social de Plan Estratégico. “Tiene un problema de origen desde lo que el Municipio malentiende lo que es la participación ciudadana”, agrega Raúl Zaragoza, coordinador de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil.
En ese sentido, tanto Chacón como Zaragoza coinciden en que si bien el voto es una parte de los procesos democráticos, hay más herramientas que se deberían promover, como el Cabildo abierto, pues en las sesiones de Cabildo es en donde se decide cómo se distribuye el presupuesto del Municipio, lo que podría resolver muchas de las necesidades de infraestructura de la ciudad sin tener que someterlas a votación.
Sin embargo, lo que vemos en Juárez es un reflejo de su omisión. Planteles compitiendo entre sí por bardas, baños o gradas. Comunidades escolares que —además de educar— deben convertirse en promotores, publicistas y estrategas electorales.
Y lo peor: aunque consigan los votos, muchas de esas obras no se harán, porque solo el 20 por ciento del presupuesto por polígono puede destinarse a proyectos escolares.
¿Qué sentido tiene un presupuesto participativo así?
El presupuesto participativo debería ser una herramienta para construir comunidad, para atender problemas urbanos compartidos: banquetas, drenaje, parques, luminarias. Pero si el Estado se desentiende de sus funciones básicas, y deja que todo dependa de la competencia entre proyectos, lo que tenemos no es participación ciudadana: es un Estado que delega su responsabilidad.
“Participación ciudadana es construir junto con tu Gobierno soluciones. Es tramposo decir que 180 mil personas participaron, 180 mil personas que fueron a buscar ese servicio o resolver ese rezago desatendido históricamente”, declaró Chacón.
No se puede normalizar que el acceso a un servicio público esencial —como una escuela en condiciones dignas— dependa de la popularidad de una propuesta, de los recursos de gestión o del número de padres que puedan votar.
Un llamado a recuperar el rol público
Lo urgente no es solo revisar las reglas del presupuesto participativo. Es preguntarnos:
- ¿Dónde está el Estado cuando una escuela necesita baños?
- ¿Dónde está cuando un plantel se inunda?
- ¿Dónde está cuando el aula no tiene luz?
Y si la respuesta es: “Está esperando que ganes una votación”, entonces tenemos que exigir algo más que votos.
Tenemos que exigir que cumpla su papel.
