Ciudad Juárez, Chihuahua.– En el contexto de creciente urbanización en ciudades como Ciudad Juárez, la actuación de las empresas constructoras debe regirse por un principio fundamental: el respeto a la ley ambiental. Sin embargo, casos recientes como la remoción no autorizada de árboles en la avenida Ejército Nacional evidencian que aún persisten prácticas irregulares que atentan contra el equilibrio ecológico y vulneran el Estado de derecho.
Este retiro de árboles sin permisos derivó en multas económicas y la clausura de la obra, pero no es solo un problema administrativo. Es, en esencia, un atentado contra el derecho colectivo a un medioambiente sano, consagrado en las leyes del estado de Chihuahua y en el reglamento municipal de Ciudad Juárez. Estas normativas no son sugerencias: son obligaciones jurídicas vinculantes para todo actor público o privado.
La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua (artículos 1 y 26) y el Reglamento de Ecología del Municipio de Juárez (artículos 2, 3 y 8) establecen claramente la responsabilidad de prevenir y reparar los daños al ambiente, y facultan a las autoridades locales para imponer sanciones. No obstante, la eficacia de estas leyes depende del cumplimiento riguroso de su vigilancia. Si las empresas vulneran la ley sin consecuencias significativas, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el principio de legalidad.
No respetar la ley ambiental puede traer consecuencias irreversibles
Es aquí donde entra la importancia del Estado de derecho. Las leyes deben aplicarse de manera pareja, sin excepciones. En materia ambiental, esto cobra especial urgencia: el daño ecológico suele tener consecuencias irreversibles o de muy difícil reparación. Permitir que se normalicen este tipo de acciones ilegales no solo amenaza el entorno natural, sino también el tejido social y cívico de la comunidad.
Por eso, resulta indispensable que las autoridades:
- Actúen con firmeza ante cada infracción ambiental.
- Fortalezcan los mecanismos de supervisión y respuesta rápida.
- Transparenten los procesos de autorización de obras.
- Garanticen la participación ciudadana en la defensa del medioambiente.
Si bien en esta ocasión las autoridades municipales actuaron con relativa eficacia, no es la primera vez que se acusa a una constructora de ignorar la legislación. Asimismo, se debe poner especial atención en evitar que ocurra en primer lugar más que en las sanciones.
La vigilancia efectiva de la ley ambiental es una herramienta para construir ciudades más justas, sostenibles y gobernadas bajo principios de legalidad. En tiempos de crisis climática, no es aceptable que la ley se ignore en nombre del desarrollo económico. La verdadera modernidad comienza con el respeto a la norma y el compromiso ético con las generaciones futuras. ley ambiental: una tarea impostergable para las autoridades.
