En la ley se incluyen figuras de consulta pública, iniciativa ciudadana y presupuesto participativo; diputadas del PRI buscaron excluir revocación de mandato y Cabildo Abierto permanente
El jueves pasado, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Participación Ciudadana y modificaciones a la Constitución Política del Estado para su validez.
Luego de una discusión que duró casi dos horas, los legisladores aprobaron por mayoría de votos la ley, con 24 votos a favor y 9 en contra. Los puntos que se sometieron a discusión fueron los referentes a Revocación de Mandato. La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Sáenz, argumentó que existía una declaratoria de inconstitucionalidad de esta figura por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarada en 2009. La diputada Isela Torres, del PRI, insistió en que la propuesta “son mentiras” e instó a los diputados: “no seamos populistas”.
Sáenz además propuso que el Cabildo Abierto no se realizara de manera permanente, sino que por lo menos una vez al mes, debido a que las sesiones del Ayuntamiento “merecen condiciones especiales como apegarse a un orden del día estricto sin participantes que puedan entorpecer la urgencia de los asuntos a tratar”. Expresó que esta propuesta “puede resultar en un obstáculo en el ejercicio de su representatividad”.
Diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Partido Acción Nacional y Morena se posicionaron a favor de la ley tal como se presentó, con las figuras de Revocación de mandato y Cabildo Abierto incluidas y sin cambios.
El Congreso del Estado votó en contra las propuestas de la bancada priista, y aprobó por mayoría de votos y sin modificaciones a la propuesta original las reformas constitucionales y la Ley de Participación Ciudadana.
En la sesión estuvieron presentes integrantes de las asociaciones Red de Participación Ciudadana y Wikipolítica de la ciudad de Chihuahua, así como Plan Estratégico de Juárez. Las tres asociaciones, junto con Pedro Uranga, del Instituto Nacional Electoral y Stephany Olmos, de la Secretaría de la Función Pública del Estado, promovieron la conformación de esta ley y participaron en las mesas de diálogo con los congresistas.
