Organizaciones denuncian afectaciones por Ley de ISR

Las modificaciones a la ley afectarían el derecho de asociación, a la población beneficiaria y a empleados de OSC, señalan expertos
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Hoy en conferencia de prensa, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expusieron los impactos de las reformas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR) en las OSC.

De acuerdo con Sandrine Molinar, del Grupo Unidos por los Derechos de las OSC (UNIDOSC), “con esta reforma pierde México; perdemos todos”. Explicó que, de ser aprobada la iniciativa de reformas a la LISR, las OSC tendrían que redireccionar sus recursos “que actualmente se destinan directamente al bienestar de la comunidad” a pagar impuestos. Además, se podrían ver obligadas a recaudar menos ingresos autogenerados o ingresos de otras fuentes, a reducir actividades o incluso a cerrar. Con ello, aseguró, se perdería empleos formales, se afectaría a la generación del Producto Interno Bruto del país, del cual las OSC generan el 2 por ciento. 

Aunado a todas estas afectaciones económicas, Molinar denunció que se afectaría el derecho de asociación, garantizado en la Constitución Mexicana. Precisó que habría menos asistencia en comunidades vulnerables, menos investigación, menos cultura, menos defensa de los derechos humanos, menos vigilancia ciudadana al gobierno y menor posibilidad de una verdadera rendición de cuentas por nuestras autoridades.

“Nuestro sector históricamente ha estado sobrerregulado por las autoridades, pero nos hemos adaptado y hemos invertido en nuestra capacidad institucional para cumplir con las reglas, para evitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, para rendir cuentas y mantener al SAT informado de cualquier cambio en nuestros estatutos sociales. Lo hacemos porque creemos en el Estado de Derecho y en la honestidad, y siempre estaremos a favor de que las personas que abusen de estas figuras legales sean castigadas de manera ejemplar por las autoridades competentes. Sin embargo, consideramos las reformas votadas en el Congreso abusivas, pues ponen en riesgo la libertad de asociación en México y ponen en evidencia un escaso conocimiento de la operación de nuestro sector por parte de quienes nos gobiernan”, comentó Molinar.

Reforma pone más candados a OSC

Según Hatziri Recillas directora de Desarrollo y Finanzas en Dakshina, A.C., y miembro del Grupo Fiscal de OSC, la iniciativa “busca sobrerregular nocivamente al sector”. 

La propuesta incluye, entre otras cosas, condiciones para que las asociaciones civiles que están autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos (donatarias autorizadas) pierdan su calidad como tal si más del 50 por ciento de sus ingresos son por actividades no relacionadas con su actividad principal. Al respecto, Raúl Ibarra, de Estándares Probono, expuso que los ingresos autorizados no están bien identificados en los formatos fiscales de la organización, lo cual puede crear una falsa percepción de sobredimensión de ingresos por actividades no relacionadas.

“Exigimos que se respeten nuestros derechos y nos pronunciamos en contra de esta iniciativa que amenaza la sostenibilidad de nuestras causas”, sentenció Recillas. 

Precisó además que el dinero utilizado por las organizaciones sin fines de lucro, como su nombre lo indica, destinan el 100 por ciento de sus ingresos a las acciones directamente relacionadas con su causa social. Al contrario de las agrupaciones lucrativas, el presupuesto remanente tras un ejercicio fiscal se reinvierte en la misma causa social; no se distribuye entre las personas que forman parte de la organización. 

Dijo que a raíz de esta iniciativa, más de mil 700 actores de Sociedad Civil Organizada firmaron un posicionamiento en donde se difunden las implicaciones de dicha propuesta. 

Pese a que la reforma ya fue votada en el Congreso de la Unión, el 21 de octubre, Recillas aseguró que “no perdemos el enfoque de continuar luchando en el Senado por un entorno normativo favorable para seguir construyendo el México que todas y todos merecemos”. 

El 31 de octubre es la fecha límite para que el Senado de la República revise, analice y vote las modificaciones a la LISR. 

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