Ciudad Juárez, Chihuahua.– Con el inicio del periodo de recepción de propuestas para el presupuesto participativo municipal de 2025 y la conformación de los presupuestos de egresos del próximo año, es un buen momento para hablar del presupuesto participativo estatal, que a la fecha sigue presentando situaciones que lo alejan de una ejecución efectiva.
Como contexto, a finales de 2023 se llevó a cabo una audiencia pública con el Congreso del Estado en el que se discutieron temas relacionados con el presupuesto participativo estatal, como los montos y el término “proyectos productivos”. Aunque en ese momento se habló de que se empezara a implementar desde 2024, durante el año no hubo una convocatoria.
“El Gobierno del Estado debe estar ya presentando próximamente su proyecto de presupuesto y con el incumplimiento del monto que no tenía estaba muy lejos de lo que debería de ser, según la Constitución del Estado. Además de eso, no se ejecutó (el de 2024), aunque fueran 98 millones. No tenemos información, nadie sabe cómo se ejecutaron esos 98 millones”, comentó Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez.
La Constitución del Estado de Chihuahua estipula que el 5% del presupuesto estatal debe destinarse al presupuesto participativo (artículo 93), un mecanismo que permite a los ciudadanos proponer y votar proyectos de desarrollo comunitario. Sin embargo, para el año actual, el Gobierno del Estado asignó solo 98 millones de pesos en lugar de los 3 mil millones requeridos, lo cual implica un incumplimiento directo de la ley.
Asimismo, el Congreso Estatal aprobó este presupuesto reducido sin objeciones, a pesar de su evidente discrepancia con la normativa. Según Chacón, tanto el Ejecutivo como el Legislativo fueron advertidos en su momento sobre esta irregularidad.
Presupuesto participativo estatal: la falta de claridad
Además de la reducción presupuestaria, el destino de los 98 millones asignados sigue sin claridad. Chacón señala que, hasta ahora, no existe información pública sobre cómo y en qué se ejecutaron estos fondos. Esta opacidad no solo genera incertidumbre sobre el impacto real de estos recursos en las comunidades, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, la falta de transparencia en el presupuesto participativo no es solo un incumplimiento legal; representa un riesgo importante para la democracia local. La opacidad en la ejecución de recursos limita el control ciudadano sobre los proyectos que afectan su vida diaria y compromete la capacidad de las comunidades para decidir sobre temas que impactan en su calidad de vida. Cuando el presupuesto participativo se reduce y se maneja sin transparencia, se corre el riesgo de que las decisiones se tomen sin considerar las verdaderas necesidades de la comunidad, afectando áreas clave como infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.
Ante este panorama, la ciudadanía tiene una oportunidad crucial para exigir la implementación real y transparente del presupuesto participativo estatal. Con la próxima aprobación del presupuesto de 2025, organizaciones y la ciudadanía pueden hacer un llamado a que se cumpla la asignación estipulada y se mejore la rendición de cuentas. Solo así podrá recuperarse la confianza en los mecanismos de participación y garantizar que los fondos destinados al bienestar ciudadano se utilicen de manera efectiva y honesta.
