Ciudad Juárez, Chihuahua.– Como en muchas otras ciudades del país, la confianza en las instituciones públicas enfrenta una crisis histórica. Uno de los efectos más evidentes de esta desconfianza es la lógica que muchos ciudadanos adoptan para justificar sus acciones de ilegalidad: “¿Por qué respetar las normas si las autoridades tampoco lo hacen?”.
Este razonamiento, aunque comprensible, resulta profundamente problemático. No solo perpetúa la ilegalidad en todos los niveles de la sociedad, sino que debilita el tejido social y refuerza un círculo vicioso donde la corrupción y la impunidad se convierten en normas aceptadas. El resultado es una sociedad dividida, desigual y carente de un verdadero Estado de derecho.
Ilegalidad: el impacto de un mal ejemplo
Cuando los ciudadanos son testigos de que las autoridades ignoran las leyes o las aplican selectivamente, el mensaje que reciben es claro: las reglas no son para todos. Un ejemplo de esto es la sección de comentarios de la nota titulada “Luces prohibidas y todoterrenos en las calles de Juárez: las reglas que se rompen y nos ponen en riesgo”, en la que el reclamo más recurrente es el relacionado a que los agentes de Seguridad Vial también deberían respetar las leyes en sus vehículos particulares, o como al transporte público no se le sanciona a pesar de violar varias disposiciones en materia de vialidad.
Ante estos comportamientos, la reacción natural para muchos ciudadanos es adoptar un enfoque individualista que les permita “sobrevivir” en un sistema que sienten injusto. Esto se traduce en acciones como:
- Sobornos para evitar sanciones o agilizar trámites.
- Construcción en zonas prohibidas o sin los permisos correspondientes.
- Evasión de impuestos o cuotas municipales.
A simple vista, estas acciones pueden parecer inofensivas o incluso necesarias en un contexto de desigualdad y abandono por parte del Estado. Sin embargo, tienen efectos acumulativos que terminan dañando aún más a la sociedad:
- Normalización de la ilegalidad: lo que comienza como una excepción se convierte en una práctica común, erosionando las normas sociales.
- Desmoralización colectiva: las personas que intentan cumplir con la ley sienten que están en desventaja, lo que puede llevarlas a abandonar su compromiso con la legalidad.
- Falta de recursos para servicios públicos: la evasión de impuestos y el uso indebido de los bienes comunes reducen los fondos disponibles para infraestructura, seguridad y educación.
Un ciclo que debe romperse
La falta de cumplimiento de la ley, tanto por parte de autoridades como de ciudadanos, crea un círculo vicioso difícil de romper. Las autoridades justifican su inacción en la falta de confianza ciudadana, mientras que los ciudadanos justifican sus actos ilegales en la corrupción de las autoridades. Para romper este ciclo, es necesario un esfuerzo conjunto que ataque el problema desde dos frentes: la presión para que las autoridades cumplan con su deber y la promoción de una cultura de la legalidad entre la población.
Medidas para cambiar la dinámica de la ilegalidad
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Presión ciudadana organizada
La fuerza de la comunidad organizada puede ser un motor de cambio. En Juárez, donde ya existen movimientos vecinales y organizaciones civiles activas, es posible intensificar los esfuerzos para exigir rendición de cuentas.
Supervisión ciudadana activa: Los comités vecinales y las contralorías sociales pueden fiscalizar el uso de recursos públicos, denunciar irregularidades y exigir que las autoridades actúen dentro del marco legal. En ese sentido, además de la controlaría social, Plan Estratégico tiene el taller de vigilancia Ojos en la Obra, que ayuda a realizar una supervisión efectiva en la cuestión de las obras públicas e infraestructura urbana.
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Transparencia y acceso a la información
La opacidad alimenta la corrupción. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir que las autoridades transparenten sus acciones.
Exigir la transmisión de sesiones de comisiones edilicias: en Juárez, aunque las sesiones de Cabildo se transmiten y son abiertas al público, no ocurre lo mismo con las sesiones de las comisiones edilicias.
En diversas ocasiones las y los regidores respondieron que no es obligatorio transmitir estas sesiones y por lo tanto no lo hacen; sin embargo, estas herramientas son esenciales para que la ciudadanía vigile y cuestione las decisiones gubernamentales.
Denuncias ciudadanas: a través de plataformas digitales y redes sociales, los ciudadanos pueden señalar casos de incumplimiento o corrupción, generando presión mediática.
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Educación y cambio cultural
Para combatir la lógica de “si ellos no cumplen, yo tampoco“, es esencial cambiar la percepción de la legalidad como un bien colectivo.
Campañas de cultura de la legalidad: difundir los beneficios del respeto a las normas mediante ejemplos tangibles. Por ejemplo, la Red de Vecinos tiene el seminario de participación ciudadana Ciudad Amiga, para la niñez. Asimismo, el Seminario de Derecho la Ciudad te da herramientas para proponer e incidir en las políticas públicas.
Talleres comunitarios: organizar espacios donde los ciudadanos puedan dialogar sobre el impacto de la ilegalidad en su vida diaria y desarrollar soluciones conjuntas.
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Herramientas legales
Cuando las autoridades incumplen sus responsabilidades, los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir a mecanismos legales para exigir el respeto al Estado de derecho.
Amparos y juicios ciudadanos: El uso de juicios de protección de derechos ha sido clave para visibilizar violaciones a la participación ciudadana. Por ejemplo, el caso de la suspensión provisional a la reforma a la revocación de mandato es un ejemplo de cómo las herramientas legales pueden ser de ayuda cuando se vulneran derechos.
Referéndum o consultas populares: Estas herramientas permiten revertir decisiones regresivas que limiten derechos fundamentales, como la reforma al artículo 54 a la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua. Aunque hasta la fecha no hay un proceso de referéndum o consulta que se haya realizado por completo, las recolecciones de firmas en los casos del plebiscito de alumbrado público o la revocación de mandato de un exalcalde local, también son ejemplos claros.
El cambio comienza con la acción
Justificar actos de ilegalidad bajo el argumento de que las autoridades no cumplen con su deber perpetúa un sistema que afecta a todos. Aunque las condiciones actuales puedan parecer adversas, los ciudadanos tienen el poder de exigir un cambio. No solo presionando a las autoridades, sino transformando sus propias acciones para construir una cultura de la legalidad.
En última instancia, el respeto por la ley no es solo un compromiso individual, sino un acto de solidaridad que beneficia a toda la comunidad. El reto está en comprender que el cambio no vendrá de arriba hacia abajo, sino desde la acción colectiva y el esfuerzo por romper con la lógica del “todos contra todos”. Si las autoridades no cumplen, los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigirlo. Si queremos un mejor futuro, el respeto a la ley debe ser la regla, no la excepción.
