Ciudad Juárez, Chihuahua.– A raíz de la propuesta de reforma a Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, que busca elevar los requisitos mínimos de firmas y votos para la revocación de mandato en el caso del Ejecutivo Estatal, RegidorMX advirtió que no solo es una reforma regresiva, sino que es ilegal y antidemocrática.
De acuerdo con Abelamar Chacón, coordinador tanto de la Alianza Nacional RegidorMX como del área de contraloría social de Plan Estratégico de Juárez, esta propuesta, que estaría subiendo al pleno del Congreso del Estado antes de finalizar la Legislatura, está violando algunas disposiciones y principios legales.
“Los diputados están violando la Constitución, la cual prometieron cumplir y hacer cumplir. La ciudadanía hoy estamos demandando a nuestros representantes en el Congreso Estatal el cumplimiento de esa alta responsabilidad”, señaló.
En resumen, la propuesta de reforma para la revocación de mandato que impulsan los diputados Alfredo Chávez y Saúl Mireles pretende elevar los porcentajes de firmas de la lista nominal del 5 al 10 por ciento (aproximadamente de 150 mil a 300 mil) con dispersión en los diversos municipios del estado. Asimismo, se busca pasar del 35 al 40 por ciento de votos en la jornada para que el resultado pueda ser vinculante.
Sin embargo, de acuerdo con Chacón, esta propuesta en primer lugar va en contra del principio de progresividad, al que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se apega en el artículo 1. Esto significa que las autoridades tienen la obligación de ampliar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos hasta alcanzar su plenitud, por lo que elevar los porcentajes para poder ejecutar el mecanismo y hacerlo vinculante va en contra de este principio.
Las voces que se ignoraron en la reforma a la revocación de mandato
Por otro lado, Chacón señaló diversas inconsistencias que ponen en entredicho la legitimidad de la propuesta que reforma que estaría por votarse en la sesión de hoy jueves, la última de esta Legislatura. En primer lugar, no hubo consultas públicas de cara a esta propuesta de reforma y, además, hay una obstrucción a la participación de la ciudadanía.
“Se está incumpliendo otro elemento que está en la Ley de Participación Ciudadana, que establece que cualquier modificación a la ley en materia de los instrumentos de participación política se debe hacer una consulta pública, lo que no pasó”, declaró.
Asimismo, calificó como una incongruencia que se esté buscando modificar la Ley de Participación Ciudadana sin abrir un espacio a la participación ciudadana.
Otro caso que llamó la atención fue que se prohibió el acceso al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado a la reunión de la Comisión de Gobernación, lo que calificó como una obstrucción.
“Las convocatorias a las reuniones de las comisiones son públicas. Entonces, la vimos en la página del Congreso y tratamos de estar presentes las consejerías ciudadanas del CCPC como público y nos impidieron el acceso. Los diputados integrantes de la comisión se les solicitó que nos dieran acceso y por mayoría votaron en contra de que la ciudadanía pudiera estar presente en un asunto de participación ciudadana, lo cual es aberrante y contradictorio”, relató.
Chacón comentó que después de la sesión la comisión ofreció un espacio para dialogar; sin embargo, consideraron que después de la votación no tenía sentido celebrar este diálogo, pues los diputados ya habían votado a favor de la propuesta de reforma.
Si estoy en contra de esta reforma, ¿qué puedo hacer?
Aunque se prevé que la propuesta se vote a favor, Chacón aclaró que hay diversas herramientas que se pueden utilizar para dar marcha atrás a esta reforma a la Ley de Participación Ciudadana y a la revocación de mandato, y todas incluyen un componente de participación ciudadana.
“Hay diversas cosas que podemos hacer. Por el tema de la progresividad de la ley da pie a ampararnos ante instancias federales, ante esta violación a un derecho constitucional, que tenemos las y los chihuahuenses. También se puede solicitar un referéndum. Se puede presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A mí me gustaría saber cuál sería la posición que da este órgano, qué nos puede decir en relación con esto”, explicó.
También se puede presentar denuncias ante el órgano interno de control del Congreso, pues las y los diputados locales no estarían atendiendo adecuadamente sus responsabilidades, entre otras cosas.
Finalmente, consideró que esta serie de decisiones unilaterales perjudican la credibilidad de las y los legisladores, pues estarían demostrando que no les importan ley o los derechos de las personas.
“La aprobación de este proyecto es un mal augurio, pero esta es una comisión de 7 diputados que se aprobó por mayoría, no todos votaron a favor. Ahora hay que ver si el resto de los más de 30 diputados en el Congreso qué decisión toman”, dijo.
