Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua y Coparmex Chihuahua expresaron su preocupación por los posibles efectos adversos de la reciente reforma federal a la Ley General en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicada en marzo en el Diario Oficial de la Federación.
En un comunicado conjunto, ambos organismos advierten que la reforma podría debilitar la arquitectura institucional que ha permitido a Chihuahua y al país avanzar en el control democrático, la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción.
“Este momento representa una oportunidad para que Chihuahua se consolide como referente en el fortalecimiento institucional democrático”, señalaron, al subrayar que es crucial que los poderes públicos locales actúen con responsabilidad para garantizar marcos normativos sólidos.
Piden CPC y Coparmex al Congreso de Chihuahua un marco plural y garante
El CPC y Coparmex hicieron un llamado respetuoso al Congreso del Estado para que, en el proceso de armonización legislativa, se construya un andamiaje jurídico basado en evidencia, estándares internacionales y buenas prácticas que protejan el ejercicio del derecho a saber y resguarden los datos personales de los ciudadanos.
El comunicado exhorta a las y los legisladores a optar por una legislación local “vanguardista” y evitar una que pueda debilitar la transparencia bajo argumentos de simplificación administrativa o subordinación política. También enfatiza la necesidad de que las instituciones responsables cuenten con autonomía técnica, procedimientos internos robustos y mecanismos que garanticen la imparcialidad.
¿Qué cambió con la reforma a la Ley General de Transparencia?
El 20 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, que implicó transformaciones profundas en la institucionalidad del país:
Principales cambios:
- Eliminación del INAI: Se suprime el Instituto Nacional de Transparencia, y sus funciones son transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”.
- Nueva estructura normativa: Se expiden nuevas leyes generales en transparencia y protección de datos, derogando marcos anteriores de 2010 y 2015.
- Centralización: El nuevo órgano forma parte del Poder Ejecutivo federal, lo cual ha encendido alertas sobre su independencia.
Argumentos a favor:
- Simplificación administrativa: Según el Gobierno Federal, la reforma busca reducir duplicidades y mejorar la eficiencia institucional.
- Mayor control de recursos: Se argumenta que al integrar funciones, se tendrá mayor capacidad de fiscalización y combate a la corrupción.
- Nuevo sistema nacional: Se sustituye el Sistema Nacional de Transparencia por uno de acceso a la información más amplio y normativamente unificado.
Críticas y riesgos:
- Falta de autonomía: Expertos y organizaciones como Artículo 19 alertan sobre la pérdida de independencia al depender del Ejecutivo.
- Menor vigilancia ciudadana: La reforma permitiría negar información relativa a megaproyectos, afectando la rendición de cuentas.
- Retroceso democrático: La eliminación del INAI y de los contrapesos se percibe como una regresión en materia de derechos ciudadanos.
Hacia una legislación local garante
Finalmente, el CPC y Coparmex destacaron la importancia de que Chihuahua avance hacia una legislación que no solo cumpla con lo federal, sino que preserve y fortalezca las buenas prácticas que durante años han dado forma al sistema estatal anticorrupción.
“Es indispensable garantizar procesos abiertos, participativos y con principios de máxima publicidad y rendición de cuentas”, concluye el comunicado.
Puedes leer el comunicado aquí:
