Ciudad Juárez, Chihuahua.– El próximo jueves 23 de marzo, a las 6:00 p.m. en el centro de convenciones Cibeles, Plan Estratégico de Juárez presentará el Informe de Corrupción en Juárez, en el que se hace un análisis metodológico y de percepción sobre los riesgos en el Gobierno Municipal local. En esta edición se contará con la presencia del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
La presentación del informe contempla distintos puntos:
- Confianza en instituciones
- Percepción de la corrupción
- Riesgo de corrupción
- Acciones Jurídicas
¿Cómo afecta la corrupción a la vida pública de una ciudad?
Mucho se habla de la corrupción y de cómo debe combatirse. Es muy común ver en cada proceso electoral a las candidatas y los candidatos a puestos de elección prometer que, en caso de favorecerlos con el voto, finalmente habrá una autoridad que erradique estas prácticas.
Sin embargo, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas (mecanismos clave si se quiere combatir) son pocos e incluso son batallas que se ganan desde la sociedad civil.
La corrupción tiene consecuencias directas en la vida de los habitantes que la padecen, y es un problema que afecta desde el desarrollo hasta los derechos humanos. Es decir, una administración donde la corrupción es común, en primer lugar, pierde su credibilidad. Asímismo, cuando una autoridad pierde la credibilidad no puede garantizar el estado de derecho, pierde muchos recursos e irremediablemente va a tener rezagos en sus servicios públicos y la calidad de vida de los habitantes.
En pocas palabras, este problema afecta en todos los niveles de la vida pública, pues la calidad de vida y hasta el acceso a la justicia se comprometen.
Cabe mencionar que aunque se cree que la corrupción es culpa tanto de los ciudadanos como de las autoridades, esta última es la responsable de hacer cumplir la ley. Aun así, en el total de los recursos que se pierden por la corrupción, los casos en los que los ciudadanos tienen incidencia representan apenas el 10 por ciento.
A final de cuentas, la tarea de la sociedad civil es exigir que los Gobiernos respondan a los habitantes ante los manejos irregulares, así como seguir abriendo espacios para que las decisiones de las administraciones se fundamenten en el bien común y no en el partidista o el particular.
Para consultar el informe, da clic en el siguiente enlace.
