Ciudad Juárez, Chihuahua.- En una sociedad democrática, el compromiso de las autoridades con el cumplimiento y la aplicación imparcial de la ley es fundamental para garantizar la justicia, la estabilidad y el respeto por los derechos individuales. Esta necesidad surge de una serie de factores que ponen de manifiesto la importancia de que los líderes gubernamentales se adhieran rigurosamente a las normas legales que rigen a todos los ciudadanos.
En primer lugar, que las autoridades cumplan con la ley es esencial para preservar la legitimidad y la credibilidad del sistema legal en su conjunto, y es parte de lo que juran hacer cuando rinden protesta. Cuando las figuras de autoridad demuestran un compromiso firme con el Estado de derecho, refuerzan la confianza del público en las instituciones democráticas y promueven la cohesión social.
Asimismo, el ejemplo que establecen las autoridades es de vital importancia para la sociedad. La ciudadanía tiende a imitar el comportamiento de sus líderes, y cuando ven a las autoridades cumplir con la ley, están más inclinados a hacer lo mismo. Lo dijimos antes, un Gobierno que no permite la corrupción terminará por disuadir a las y los habitante de seguirlo haciendo. Por lo tanto, que las autoridades cumplan y hagan cumplir la ley no solo promueve el respeto por las normas legales, sino que contribuye a la prevención del delito y al fortalecimiento de la cultura cívica.
Además, el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de la ley garantiza la igualdad y previene el abuso de poder. Cuando los líderes políticos están sujetos a las mismas normas y regulaciones que el resto de la población, se reduce el riesgo de favoritismo, discriminación y corrupción. Esto garantiza que todos los ciudadanos sean tratados con justicia y equidad, independientemente de su posición social o política.
El fuero, una herramienta que no impide el cumplimiento de la ley
En México, este compromiso del cumplimiento de la ley se ve matizado por el concepto de fuero constitucional, una disposición legal que otorga inmunidad a ciertos servidores públicos, protegiéndolos de ser procesados o investigados por ciertos delitos mientras ocupan su cargo. Si bien el fuero constitucional busca garantizar que los funcionarios puedan desempeñar sus funciones sin temor a ser perseguidos políticamente, ha generado controversia al ser percibido como un mecanismo para proteger a los funcionarios de la rendición de cuentas y la justicia, especialmente en casos de corrupción o abuso de poder. Debido a eso, durante los últimos años se dieron algunos pasos para eliminar esta figura, como la eliminación en 2021 del fuero presidencial.
Asimismo, en un proyecto de ley a nivel federal para acotar el fuero (presentado en 2002) la exposición de motivos declara: “En un sistema jurídico-político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aún cuando esta, por la compleja aplicación de la ley, conlleve frecuentemente a la impunidad”.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el fuero no otorga impunidad total, ya que una vez que dejan su cargo se les puede investigar y enjuiciar por los delitos que hayan cometido mientras estuvieron en funciones.
Por lo tanto, cuando las autoridades respetan y hacen cumplir la ley de manera consistente, se promueve la estabilidad, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos.
A final de cuentas, solo cuando los líderes gubernamentales se comprometen a respetar y hacer cumplir la ley se puede garantizar la justicia, la estabilidad y el respeto por los derechos individuales en una sociedad democrática.
¿Cuándo el fuero deja de ser protección y se vuelve el camino a la impunidad?
El fuero es, en esencia, un candado para evitar que funcionarios pudieran usar al Poder Judicial como un arma para perseguir a opositores políticos. Sin embargo, esta herramienta muy frecuentemente se utiliza como una especie de inmunidad ante la comisión de delitos.
Por ejemplo, durante la investigación de la presunta nómina secreta del exgobernador de Chihuahua César D.J. (quien actualmente está bajo proceso por el delito de desvío de recursos públicos) se implicó a diversas figuras de la política chihuahuense, como el expresidente municipal Armando Cabada (quien terminó por devolver el dinero) o el actual presidente Cruz Pérez Cuéllar (a quien se le intentó quitar el fuero, pero el caso se desestimó por falta de pruebas). Sin embargo, el factor del fuero evitó procesar a la mayoría de las y los implicados.
Informe de Corrupción en Juárez: un análisis del estado de la credibilidad de nuestro Gobierno Municipal
Mañana 16 de abril, Plan Estratégico de Juárez presentará el Informe de Corrupción en Juárez 2024, un análisis sobre el riesgo de corrupción en las compras y contrataciones del Municipio de Juárez y cifras sobre cuánto le cuesta la corrupción administrativa a la ciudad.
Por otra parte, se dará a conocer el nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, así como el resultado de la encuesta Así Estamos Juárez sobre la percepción ciudadana de la corrupción a nivel local.
La cita será a las 6:00 p.m. en el centro de convenciones Cibeles, salón Orión, y puedes registrarte para asistir por medio de este enlace. También podrás sintonizar el evento a través de nuestra página de Facebook.
